En materia de corrupción, la justicia dominicana ha retrocedido La organización Transparencia Internacional puso en circulación el Informe Global de la Corrupción correspondiente al 2007 junto a Participación Ciudadana. En la República Dominicana se ha retrocedido en materia de corrupción en la justicia, a pesar que la institución de un proceso de selección basado en el mérito había mejorado la calidad del estrado y disminuido la corrupción de manera temporal.

Así lo establece el Informe Global de la Corrupción 2007, presentado este jueves por las organizaciones Transparencia Internacional y Participación Ciudadana. Sostiene que, de hecho, los últimos nombramientos a la Corte Suprema dominicana han obedecido en un alto grado a consideraciones políticas. Por otro lado, el documento afirma que la corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negándoles a las víctimas y a los acusados el "derecho humano elemental” a un juicio justo e imparcial. Sostiene que el principio de que todos somos iguales frente a la ley, base fundamental del estado de derecho en las sociedades democráticas, se ve seriamente afectado cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencias políticas.

“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, dice el informe.
“Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir”, advierte.
Explica que, además, un sistema judicial corrupto mina el crecimiento económico, dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.
“Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de la corte entren en escena”, indica.
Sostiene que Latinoamérica es la región del mundo en que se percibe mayor prevalecía de corrupción en la justicia, seguida por los nuevos estados independientes de la Europa del Este.

¿Qué es la corrupción? ¿Qué implica la corrupción judicial? Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”. Y los diversos tipos de funcionarios públicos, de todos los poderes, disponen de un poder que les ha sido encomendado. El uso abusivo de que hacen, definido como corrupción, abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material, tales como la promoción o conservación del poder político. La corrupción judicial se refiere a toda influencia indebida ejercida sobre el proceso judicial por parte de todo aquel que esté en condiciones de hacerlo. Existen dos tipos principales de influencia: uno es la interferencia política, a través de la intimidación de los jueces y la manipulación de nombramientos judiciales u otros medios, los cuales ponen en peligro la independencia judicial; el otro es el soborno.

Un hallazgo desalentador del Informe Global de la Corrupción 2007 es que pese a décadas de iniciativas de reforma y creación de instrumentos internacionales que apuntan a proteger la independencia judicial, los jueces y el personal de la corte en todo el mundo continúan experimentando presión para fallar a favor de entidades políticas o económicas poderosas, en lugar de regirse por lo establecido en la ley. La corrupción judicial y la corrupción política se refuerzan mutuamente. Cuando el sistema de justicia es corrupto, es probable que no se apliquen las sanciones a las personas que se valen de cohechos y amenazas para sobornar a políticos. Las ramificaciones de esta dinámica son profundas por cuanto disuaden a candidatos más honestos y sin trabas de entrar o triunfar en la política o el servicio público. El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho de la estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno.

Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte. En resumen, la corrupción afecta la independencia de la judicatura por cuanto no puede actuar sin estar sujeta a la influencia indebida que ejercen los grupos de intereses poderosos. Y afecta su rendición de cuentas, tales como la eficacia de los reglamentos y el monitoreo. El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política.
Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.

El IGC va dirigido a un público de amplio alcance, pero resulta de particular utilidad para los legisladores, quienes deben mantenerse al tanto de los avances en otros países y de los resultados de las últimas investigaciones. La edición de este año está orientada a los legisladores y profesionales de la judicatura, tales como ministros de justicia, jueces y fiscales. No obstante, todo aquel interesado en el estado de derecho, incluidos los periodistas, activistas de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado, encontrarán en el IGC un importante recurso.