Manuel Quiroz (chaqueta oscura), director de El Caribe, y Rafael Molina Morillo, director de El Día y presidente de la SIP.

SANTO DOMINGO, DN (República Dominicana).-El miedo y la incertidumbre que generan un estado de impunidad pueden llevar a la autocensura, la desinformación y la manipulación de las noticias.

Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rafael Molina Morillo, en su discurso de apertura de la Conferencia Hemisférica, Poder Judicial, Prensa e Impunidad, que se celebra de esta ciudad con la participación de especialistas de varios países de las Américas.

Expuso Molina Morillo, director del diario El Día, que cuando la impunidad protege a los sectores que amenazan a la prensa y a la justicia, el periodista, de manera individual, y la sala de redacción, tienden a protegerse.

"El resultado es una forma de periodismo menos dispuesto a denunciar, más superficial y remiso a cumplir su papel de perro guardián. De esa forma es la sociedad la que pierde”, indicó el presidente de la SIP.

Sostuvo que la violencia y la impunidad de los crímenes son el motor generador de la autocensura.

Citó el caso de la zona norte de México, en donde los directores de medios de comunicación han anunciado que no publicarán más noticias sobre el narcotráfico para evitar agresiones.

“Ninfa Deandar es una de ellas. Como directora de El Mañana, de Nuevo Laredo, decidió en enero de 2006, callar sus páginas a las denuncias sobre el narcotráfico. Su actitud es comprensible, un grupo de narcotraficantes arrojó una granada en medio de la sala de redacción hiriendo gravemente a algunos periodistas, justo una semana después que su periódico había sido el anfitrión de una conferencia de la SIP sobre narcotráfico y periodismo”, resaltó.

En su discurso, 'Valores y desafíos comunes entre jueces y periodistas', Molina Morillo expuso que ambos actores tiene en común la constante búsqueda por la verdad, la imparcialidad, la equidad, la honestidad y el apego a la independencia como valor fundamental para asegurar la confianza del público y la credibilidad en un sistema social justo y equitativo.

“Los jueces administran las leyes de la democracia resolviendo los conflictos entre los ciudadanos, y los periodistas hacen posible el escrutinio de la opinión pública. Ambos sirven al mismo patrón: el bien común”, precisó.

Asimismo, señaló que ambos son víctimas de la violencia, tanto del crimen organizado como en los casos en que el poder político populista cuando emplea la represalia.

Proyecto contra la impunidad

Rafael Molina Morillo explicó que la SIP tiene un proyecto contra la impunidad, en el que describe que las causas de la impunidad se pueden atribuir a los siguientes factores:

1-Ausencia de voluntad política para respaldar las investigaciones; 2-a la existencia de un marco legal inadecuado y a un sistema judicial débil; 3-a la ineficacia e impericia de los órganos policiales y legales; 4-a los escasos recursos asignados a los responsables de garantizar la seguridad y administrar la justicia, y 5-a la negligencia y corrupción de las autoridades.

Aseguró que con a partir de estos parámetros, desde hace más de diez años la SIP ha tomado una actitud pro activa para combatir la impunidad.

Indicó que ha encontrado un aliado en el Sistema Interamericano de Justicia. “Cuando vemos que en un país se agotan los remedios judiciales, investigamos profundamente un caso y lo elevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

Informó que ya se han presentado 19 casos y la CIDH ha admitido 11 de ellos, lo que dio a la SIP la posibilidad de establecer soluciones amistosas con países como Brasil, Colombia, Guatemala y México.

“En el 2000, Guatemala aceptó la responsabilidad internacional por el caso de la periodista Irma Flaquer, desaparecida en 1980; mientras en México, junto con el Estado, seguimos revisando los expedientes judiciales de dos casos. El mismo proceso tenemos con el gobierno de Colombia y ya pronto estamos por iniciarlo con el gobierno de Brasil”, detalló Molina Morillo.

El presidente de la SIP informó que 12 años después, casi con un centenar de sentencias en países como Argentina. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana 77 personas están presas, 13 recobraron su libertad después de cumplir sus sentencias y tres permanecen prófugas.

Citó los casos de Brasil, donde el 14 de febrero fue condenado a 19 años y 10 meses de prisión un ex alcalde, como autor intelectual del asesinato de Wellington Fernández, ocurrido en el 2000; Chile, donde en 2006 fueron condenadas 14 personas, entre ellas el autor intelectual, a penas que van desde 5 a 18 años de prisión por el crimen del periodista José Carrasco Tapia ocurrido hace 20 años.

“En la República Dominicana, en mayo pasado, tuvimos muy buenas noticias. Por el asesinato del periodista Juan Andujar, ocurrido en septiembre de 2004, hubo dos sentencias, una a pena máxima. También se reabrió el expediente del periodista Narciso González, desaparecido desde mayo de 1994, caso en el que están trabajando tres fiscales. Y en el caso del periodista Orlando Martínez, asesinado en marzo de 1975, se ratificaron las sentencias contra tres personas. Por el crimen del periodista Johnny Martínez, ocurrido en 2006, dos personas están pagando privación de libertad por 30 años”, dijo el presidente de la SIP.